El Tribunal de Justicia Europeo dice que la normativa española de desahucios es ilegal

La abogada general del Tribunal de Justicia Europeo, Juliane Kokott  
considera que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas.
  
 La cuestión  fue planteada por el Juzgado Mercantil de Barcelona al elevar la consulta al Tribunal de Justicia Europeo, sobre un caso de ejecución hipotecaria llevado a cabo  por CatalunyaCaixa  en 2011, para que se expida  en relación al sistema de ejecución hipotecaria establecido en la legislación española y si este no supone una limitación clara de los derechos del consumidor ya que, interpreta el juez, supone una clara obstaculización para que ejercite acciones judiciales.

Dado que la legislación española que regula los desahucios impide que pueda interrumpirse el proceso judicial de ejecución si no se presentan argumentos o motivos contemplados expresamente en la ley. Es decir, en España un propietario no puede paralizar la ejecución hipotecaria alegando, como en este caso, que el contrato con la entidad contenía cláusulas abusivas.
  
En el caso en cuestión tras la subasta judicial de la vivienda, que la entidad se adjudicó por el 50% del valor de tasación, el ex propietario seguía adeudando a la entidad más de 40.000 euros. En enero de 2011 fue finalmente expulsado de la vivienda. Éste presento una demanda contra CatalunyaCaixa  solicitando que se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria sea considerado también nulo.

El dictamen dispone que  si bien  no existe aún  en el Derecho de la Unión Europea una armonización de las medidas nacionales de ejecución forzosa (desahucios), si bien corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades procesales, estos  no pueden obstaculizar la invocación de los derechos de protección del consumidor que contempla la Directiva Europea (Directiva 93/13).

  
Esta norma europea exige que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz para demostrar el carácter abusivo de las cláusulas de su contrato de préstamo, merced al cual, si se da el caso, pueda detenerse la ejecución forzosa.
  
La abogada general del Tribunal de Justicia Europeo sostiene que la regulación procesal española es incompatible con la Directiva Europea de protección del consumidor frente a las cláusulas abusivas puesto que "menoscaba la eficacia de la protección que esta persigue".
  
La Directiva 93/13  sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores dispone  que “el consumidor debe  disponer de un recurso legal eficaz para demostrar el carácter abusivo de su contrato de préstamo” y  en tal  caso, pueda detener la ejecución forzosa.  
  
Entiende así la letrada que, tal y como sucede en España, el consumidor no puede ejercer esta defensa durante el proceso de desahucio y debe soportar indefenso la ejecución y la pérdida de su vivienda para luego,  con posterioridad, estar legitimado para ejercitar una acción de daños y perjuicios. Reconoce también que el juez que instruye el  proceso de ejecución hipotecaria debe contar con la facultad de suspender el proceso provisionalmente hasta que se compruebe si el contrato de la entidad contenía clausulas abusivas.  Evitando así un perjuicio para el consumidor de difícil o imposible reparación.
  
Si bien la consulta es una valoración jurídica que  no tiene carácter vinculante para el Tribunal de Justicia Europeo, sí la puede tener en cuenta en su deliberación final. En la práctica ,en el 80% de los casos  el Tribunal suele seguir sus recomendaciones.  
 

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