Proceso Monitorio Europeo

El proceso monitorio europeo es un procedimiento judicial para el cobro de deudas transfronterizas entre partes contratantes situadas en alguno de los países de la Unión Europea que se han adherido al mismo (todos excepto Dinamarca).

Regulado por el Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de Diciembre de 2006 e incorporado a la normativa nacional por la Ley 4/2011 que lo introduce en la Disposición Final 23ª en la Ley de Enjuiciamiento Civil con la finalidad de facilitar la aplicación en España del mismo, aunque en su calidad de reglamento este es directamente aplicable sin necesidad de trasposición a la normativa propia de cada país.

El Reglamento establece un proceso monitorio europeo que simplifica, acelera y reduce los costes de litigación en asuntos transfronterizos relativos a créditos pecuniarios no impugnados en materia civil y mercantil.

El requerimiento europeo de pago se reconoce y aplica en todos los Estados miembros, a excepción de Dinamarca, sin que sea necesaria una declaración de ejecutividad.

El proceso monitorio europeo se aplica en los asuntos transfronterizos en materia civil y mercantil, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional.

Los «litigios transfronterizos» son aquéllos en los que al menos una de las partes está domiciliada o tiene su residencia habitual en un Estado miembro distinto de aquél al que pertenece el órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la petición.

La aplicación de este proceso queda excluida en los siguientes casos:

  • materias fiscal, aduanera y administrativa,
  • casos en que el Estado incurre en responsabilidad por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad
  • los regímenes matrimoniales;
  • el concurso de acreedores, los convenios de acreedores y demás procedimientos análogos;
  • la Seguridad Social;
  • los créditos derivados de obligaciones extracontractuales, a no ser que hayan sido objeto de un acuerdo entre las partes o que haya habido un reconocimiento de deuda, o se refieran a deudas líquidas derivadas de una comunidad de propietarios.

Características de este proceso son:

a) No es incompatible con otros procedimientos judiciales, por lo que puede recurrirse a la reclamación en el país de destino a través del procedimiento correspondiente en dicho país.

b) La reclamación se hace a través de un impreso normalizado, con las ventajas propias de los procesos monitorios.

c) El demandante deberá aportar información justificativa sobre la deuda a fin de que el demandado pueda decidir si se opone o no al pago.

d) El juzgado del país de origen controlará la sujeción a derecho de la solicitud. La solicitud de rectificación, la denegación de la solicitud y el requerimiento al deudor se harán a través de impresos normalizados.

e) Es fundamental que el requerimiento se haga en el domicilio del demandado, no siendo validos los requerimientos mediante edictos.

f) El requerimiento al demandado se hará por un juzgado del país de destino, comunicándole que puede:

1. Pagar en la cuenta bancaria que se indique.

2. Formular oposición al pago dentro del plazo de 30 dias en el país de origen.

g) En el caso de que formule oposición se tramitará como un juicio ordinario en el país de origen, salvo que el demandante en su requerimiento solicite que en tal caso se ponga fin al procedimiento.

h) En el caso de que no pague ni conteste oponiéndose se entenderá que está conforme con la deuda. En tal caso el requerimiento de pago tendrá fuerza ejecutiva sin necesidad de iniciar un procedimiento de reconocimiento de resolución judicial extranjera, por lo cual, fundado en el mismo solicitar el embargo de bienes del deudor demandado tanto en el país de destino como en cualquier otro estado miembro.

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